El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la ley concursal que ha quedado listo para su remisión al Congreso en los próximos días para que quede aprobada definitivamente en el primer semestre del año. Se trata de una norma relevante orientada a mejorar los procesos de reestructuración de la deuda para evitar que empresas viables entren en fase de liquidación por no disponer de las herramientas para actuar de forma temprana. Una norma de calado que, sin embargo, mantiene la posición privilegiada de las Administraciones Públicas como acreedores, que entrarán en los procesos de exoneración de forma limitada.
La directiva europea ordena adelantar la fase de reestructuración y que las empresas que entren en una situación de vulnerabilidad puedan disponer de herramientas legales para afrontar el pago de su deuda. La norma actual no ofrece estos mecanismos, de modo que las empresas entran en la ley concursal cuando su situación ya es límite, de modo que se ven abocadas a la liquidación. Esta directiva del año 2019, ahora incorporada a la legislación española por el Gobierno, ofrecerá a las empresas herramientas legales para afrontar sus problemas financieros.
«No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana»
Por último, la norma simplifica los procesos de reestructuración y exoneración de deudas para que su puesta en marcha sea más rápida y ágil. En el caso de las microempresas, la ley incluye un procedimiento simplificado que evita que tengan que pasar por un auditor. Para estos procedimientos se habilitará una plataforma telemática de liquidación, donde la empresa ofrecerá todos sus datos económicos para fomentar la transparencia.
Con esta ley, el Gobierno busca «garantizar que las empresas y los empresarios que se hayen en situación de debilidad económica puedan acceder a mecanismos de reestructuración y exoneración para evitar que tengan que entrar en causa de liquidación». Eso sí, la ley ofrecerá una alternativa de reestructuración sólo a las empresas viables, para evitar un repunte de la ‘zombificación’ del tejido productivo.
Hasta que la ley sea aprobada finalmente en las Cortes, el Gobierno mantendrá la moratoria concursal actual, que tiene vigencia hasta el mes de junio. Esta moratoria concursal evita que una empresa sea llevada a concurso por sus acreedores cuando entre en situación de morosidad. Esto ha permitido evitar un gran crecimiento del número de procedimientos concursales, pero no ha evitado que haya muchas empresas en una situación económica muy delicada.
Noticia Extraída: https://www.elconfidencial.com/economia/2021-12-21/ley-concursal-exoneraciones-deudas-publicas_3345422/